Unión ante el terrorismo

Colombia vivió este martes una jornada violenta en momentos de incertidumbre, tensión y consternación por el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el sábado pasado. Una cadena de atentados terroristas sacudió a Cali, Jamundí, Corinto, El Bordo, Caloto, Palmira, Buenaventura y otros municipios del Cauca y el Valle del Cauca. Dispositivos explosivos, carros bomba y ataques armados contra estaciones de policía y sectores comerciales dejaron al menos ocho muertos, unos 40 lesionados y una población atemorizada.

Los responsables, según las autoridades, son frentes de las disidencias de las Farc bajo el mando de 'Iván Mordisco'. Se trata de un plan bien orquestado. Las acciones se perpetraron con coordinación milimétrica, en distintos puntos y en cuestión de horas. A los ataques se sumaron comunicados en los que los grupos armados justifican su barbarie como respuesta a presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional en el marco de la llamada 'paz total'. Absurdo. Nada justifica el uso del terror como método de presión.

Disparos contra un candidato, explosiones en las calles de ciudades y pueblos, policías asesinados y civiles heridos conforman un panorama que no ite eufemismos y obliga a un rechazo sin ambages y a una respuesta que infunda tranquilidad al país y señale un norte colectivo.

Un liderazgo que tiene que venir del Presidente de la República. Hay que insistir cuantas veces sea preciso: no puede haber ambigüedad, ni silencio selectivo, ni mensajes confusos ni aprovechamiento político. Tampoco excesos retóricos o poesía cuando lo que urge son mensajes concisos, claros y contundentes. Se requiere una conducción firme y en clave de unión. Una voz que le hable al país con serenidad y autoridad, que devuelva confianza y que ponga la institucionalidad por encima de cualquier cálculo partidista.

El primer llamado a dar ejemplo es el jefe del Estado, y su prioridad debe ser desactivar la confrontación política, que solo beneficia a los terroristas. El intento de decretar una consulta popular por fuera del Congreso, con argumentos endebles y una evidente tensión con los otros poderes, es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un momento como este. No solo es una decisión polémica: es una señal equivocada. Porque en días en que los enemigos de la democracia desafían al Estado apelando al terror, desde el Ejecutivo no debe enviarse el mensaje de que también se puede quebrantar el orden institucional desde dentro.

El presidente Gustavo Petro no está llamado ahora a defender su agenda política, sino a proteger los cimientos mismos del Estado, que hoy están bajo amenaza. Este no es un momento cualquiera. Es la hora de que todos los poderes asuman su responsabilidad de defender la institucionalidad. Eso implica, para el caso del Congreso, retomar sus tareas y tramitar iniciativas como la reforma laboral, de acuerdo con su autonomía e independencia.

Es un punto de inflexión, y el liderazgo del Ejecutivo debe ser el faro a partir de gestos de grandeza. Hay que bajar el tono, convocar a la unidad, respetar las formas y acudir a la mesura.

Abundan ejemplos en la historia del país en los que, por no hacer una pausa donde era preciso y urgente hacerla, se cruzaron umbrales que condujeron a tiempos nefastos en los que se escribieron páginas de sangre, división y dolor. El llamado es claro: es momento de pausa y reflexión, no de agitación. Aún estamos a tiempo.