La decisión del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) de suspender de forma temporal la regla fiscal es tan inconveniente como injustificada. La activación de la cláusula de escape por el Ministerio de Hacienda constituye la ratificación de la gravedad de la crisis en las finanzas públicas que atraviesa hoy en día el gobierno Petro.
Es innegable que el rumbo de la política fiscal colombiana necesita no solo dar un giro drástico, sino también presentar a los mercados, la banca multilateral y los agentes económicos una hoja de ruta sincera y creíble para abordar el grave desequilibrio financiero. El año pasado el déficit fiscal llegó a 6,8 por ciento del PIB, y la deuda alcanzó el 60 por ciento del PIB.
El Gobierno Nacional no arribó a la actual situación fiscal de un día para otro. Han sido prácticamente dos años de alertas disparadas desde distintas voces de analistas, centros de estudios, organizaciones multilaterales, bancos, organismos de control y académicos. Las cuentas muy optimistas sobre los recaudos, los gastos ineficientes y desbordados y el crecimiento de la deuda vienen cerrando los márgenes de maniobra fiscal del Gobierno.
Recurrir a esta medida, inconveniente y riesgosa, constituye una consecuencia del mal manejo de las cuentas públicas.
De hecho, en marzo el déficit fiscal registró dos por ciento del PIB, el más alto a esta fecha en dos décadas, mientras que los recaudos tributarios continúan siendo insuficientes para disminuir la brecha. Por esa razón, no luce conveniente que la istración Petro haya optado por el camino de la flexibilización de la regla fiscal, precisamente en momentos en que se requiere un mayor grado de disciplina y cumplimiento de la norma.
Este mecanismo –que limita la deuda pública y la diferencia entre los ingresos y los gastos– fue efectivamente suspendido a raíz de la llegada de la pandemia de covid en 2020. No obstante, el Gobierno no cuenta hoy con hechos lo suficientemente extraordinarios como para justificar el relajamiento de este instrumento de autodisciplina fiscal. Al contrario, desatar estas amarras autoimpuestas envía el peor de los mensajes a los mercados en torno a la voluntad política de la Casa de Nariño para hacer los esfuerzos requeridos para la sostenibilidad de las finanzas.
Suspender la regla fiscal constituye una consecuencia indeseada del paulatino mal manejo de las cuentas públicas. En especial, ante la resistencia del gobierno Petro y del Ministerio de Hacienda en comprometerse con un serio recorte del gasto público. Más aún, el año pasado, la regla fiscal habría sido cumplida solo mediante la inclusión polémica de las llamadas ‘transacciones de única vez’.
Pero, aunque ya venía quebrada, la oficialización de la suspensión traerá consecuencias negativas para la economía nacional: se disparará el déficit fiscal, se abre la puerta al gasto desbordado en año preelectoral, encarecerá el endeudamiento y las tasas de interés y golpeará el crecimiento. Mañana el ministerio de Hacienda presentará el 'Marco fiscal de mediano plazo' (MFMP), en el que se esperan luces más claras sobre el plan de ajuste del Gobierno para retornar a la estabilidad en las finanzas. Una ruta que debe ser creíble, generar confianza y reflejar responsabilidad y disciplina fiscal.