Estos inmigrantes indocumentados estarían a salvo de las deportaciones de Trump y hasta les otorgarían la visa

El presidente Donald Trump, al iniciar su nuevo período en la Casa Blanca desde enero de 2025, anunció el retorno de medidas estrictas sobre inmigración. 

Entre sus planes está reactivar las deportaciones a gran escala, reforzar la seguridad en las fronteras y aplicar controles más severos a personas sin estatus legal. Esta postura ha generado preocupación entre millones de familias inmigrantes que temen la separación o el desarraigo tras años en Estados Unidos.

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Durante una reunión con su equipo de gobierno el pasado jueves 10 de abril, el mandatario introdujo un matiz a su discurso habitual. En medio de sus declaraciones, habló sobre una posible excepción para ciertos trabajadores indocumentados que actualmente se desempeñan en sectores como la agricultura y la hotelería. 

Según sus palabras, dichos grupos podrían ser excluidos de los operativos de detención e incluso acceder a un permiso de trabajo formal.

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Trump reconoció que hay ciertas actividades económicas donde la mano de obra migrante sin documentos es ampliamente utilizada. En una intervención ante medios de comunicación, el presidente afirmó: “Tenemos que cuidar de nuestros granjeros, los hoteles y, ya saben, de varios, varios lugares donde ellos suelen, donde suelen necesitar la gente”.

Además, presentó una propuesta según la cual los empleadores agrícolas podrían identificar ante el gobierno a trabajadores concretos como indispensables para sus operaciones. En sus palabras, “un granjero vendrá con una carta relativa a cierta gente diciendo que son excelentes, que están trabajando duro. Vamos a frenarnos un poco para ellos, y luego vamos en última instancia a traerlos de vuelta. Saldrán, van a regresar como trabajadores legales”. Esta propuesta, sin embargo, aún no tiene carácter oficial.

Este planteamiento responde a las solicitudes constantes de representantes del sector agrícola, que han expresado su preocupación por la posible pérdida de una parte importante de su fuerza laboral. En Estados Unidos, aproximadamente el 50% de los dos millones de trabajadores del campo no cuenta con un estatus migratorio regular. De ser retirados del país de forma masiva, podría generarse una disminución en la producción de alimentos y un aumento en los precios de consumo.

La agricultura y los sectores que dependen de ella contribuyen con cerca de US$1,5 billones al producto interno bruto de Estados Unidos. Esto representa un 5.6% del total de la economía nacional, lo que evidencia la dimensión económica del debate.

En sus declaraciones, Trump sugirió que algunos de estos trabajadores podrían salir del país y regresar posteriormente bajo un permiso legal. Esta posibilidad encajaría con el programa H-2A, una política migratoria que ya permite contratar trabajadores extranjeros de forma temporal para labores agrícolas. En 2023, este mecanismo fue utilizado para incorporar a más de 378,000 personas sin estar sujeto a un tope anual.

No obstante, este programa no garantiza automáticamente el ingreso de todos los trabajadores agrícolas indocumentados, pero sí representa una alternativa dentro del marco legal actual.

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Además del ámbito rural, Trump mencionó a los hoteles como otra industria en la que los trabajadores sin papeles cumplen un rol importante, aunque no ofreció mayores precisiones. 

Sin embargo, se abre la posibilidad de que esta industria pueda adoptar un esquema similar al planteado para el campo, con empleadores identificando personal esencial para mantener sus operaciones.

Pese a lo planteado, la situación continúa siendo incierta. La experiencia del primer mandato del presidente mostró que sus anuncios no siempre se reflejan en medidas sostenibles. En ese periodo también se hizo referencia a la protección de ciertos trabajadores, aunque se realizaron redadas en plantas procesadoras de carne donde laboraban inmigrantes.

Actualmente, factores económicos y necesidades de sectores productivos podrían influir en la implementación de estas ideas. Aunque no representan una regularización definitiva, podrían evitar que un número importante de trabajadores indocumentados enfrenten deportaciones en el corto plazo.

PEDRO BUSTAMANTE

El Comercio (Perú) / GDA