Bogotá, una ciudad amenazada por malas prácticas ciudadanas como la de botar escombros y basuras

La disposición ilegal de residuos, especialmente escombros y materiales de construcción, se ha convertido en una de las principales amenazas para el espacio público en Bogotá. A diario, en distintos puntos de la ciudad, se detectan conductas que van en contravía del orden, la legalidad y la convivencia. 

Aunque las autoridades adelantan operativos, campañas pedagógicas, jornadas de limpieza y sanciones, algunos ciudadanos insisten en utilizar calles, vías y predios no autorizados como botaderos, lo que genera un daño ambiental, urbano y social de gran escala. Ya hay 666 puntos críticos de donde se arroja toda clase de basuras.

Uno de los casos más recientes se presentó en la localidad de Fontibón, donde el conductor de una volqueta fue sorprendido arrojando escombros en plena vía pública. El hecho ocurrió en medio de un operativo conjunto entre la Policía de Bogotá y la Alcaldía Local de Fontibón, en coordinación con entidades del Distrito. Al responsable se le impuso un comparendo ambiental por $ 1’207.800, al tiempo que se le exigió recoger el material abandonado y entregarlo en una escombrera autorizada.

La Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), la Secretaría de Ambiente, Sector Movilidad y otras entidades acompañaron el proceso de recolección y disposición correcta de los residuos. De acuerdo con las autoridades, el infractor manifestó estar arrepentido de su conducta e hizo un llamado a sus compañeros transportadores para que eviten este tipo de acciones que tanto daño le hacen a la ciudad. Este gesto, aunque positivo, evidencia la necesidad urgente de fortalecer la cultura ciudadana y de que los infractores asuman la gravedad de sus actos.

En el marco de la estrategia pedagógica ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, se busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar el espacio público. Las calles y avenidas no son botaderos, y arrojar escombros, basura o muebles viejos en lugares no autorizados, además de estar prohibido, es una muestra de irrespeto por la ciudad. Aunque muchas personas conocen las normas, aún se presentan comportamientos que reflejan negligencia, comodidad y falta de compromiso.

Uno de los lugares que mejor ejemplifican esta problemática es la carrilera de Las Américas, donde hace solo ocho días las autoridades realizaron una jornada de limpieza. Sin embargo, y de forma reiterativa, nuevamente se encontraron grandes cantidades de escombros abandonados por quienes usan el espacio público como botadero. Desde la Alcaldía Local de Puente Aranda, en articulación con la Uaesp y otras entidades distritales, se ha emprendido una nueva ofensiva para identificar a los responsables y tomar medidas que impidan que esta situación se repita. “No permitiremos esto”, afirmaron desde la istración, señalando que estos actos deterioran el entorno, desmejoran la percepción de seguridad y afectan a la comunidad.

El abandono de escombros no es un asunto menor. Según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, arrojar basura o residuos en espacio público puede conllevar una multa tipo 4, equivalente a $ 759.200 en 2025. Las sanciones pueden variar entre tipo 1 ($ 94.900), tipo 2 ($ 189.800), tipo 3 ($ 379.600) y tipo 4, dependiendo de la gravedad de la conducta. En algunos casos, los ciudadanos pueden conmutar el pago por participación en actividades pedagógicas, o acogerse a descuentos por pronto pago. Sin embargo, las entidades reiteran que, más allá de la multa, lo que se necesita es una transformación real del comportamiento ciudadano.

Como parte de su labor misional, el Departamento istrativo de la Defensoría del Espacio Público continúa recordando a los bogotanos que hay conductas inaceptables en el uso del espacio común. A través de imágenes y mensajes pedagógicos, la campaña ‘Pilas con el espacio público’ busca evidenciar los daños que provocan los infractores, mostrar las sanciones que pueden recibir y motivar un cambio de actitud hacia una ciudad más limpia, segura y habitable.

Pero los casos no se detienen ahí. En la localidad de Kennedy, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva que ordena la suspensión inmediata de las actividades de disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) en un enorme lote ubicado en la calle 13 con avenida Ciudad de Cali. Esta acción fue posible gracias a una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades sobre un presunto relleno ilegal que se estaba desarrollando de forma acelerada y sin ningún tipo de permiso.

Durante la inspección técnica, realizada por profesionales de la Dirección Regional Bogotá-La Calera de la CAR, se constató que el lote tenía un área superior a 100.000 metros cuadrados (m²), de los cuales aproximadamente 12.500 m² estaban siendo utilizados como zona de relleno activo, con un volumen estimado de 25.000 metros cúbicos de residuos. Estos incluían materiales como concreto, excavaciones, cemento, papel, cartón, piedra y otros desechos sólidos.

Según el reporte, estas actividades se adelantaban con el objetivo de adecuar el terreno para ser utilizado como parqueadero de vehículos y espacio de almacenamiento de contenedores, entre otros posibles usos logísticos. Lo grave del asunto es que las zonas restantes del predio ya mostraban indicios de intervenciones similares realizadas en años anteriores, sin que se contara con ningún tipo de licencia urbanística o permiso ambiental. Es decir, se trata de una actividad sistemática de uso irregular del suelo.

Sandra Milena Santafé Patiño, directora de la CAR Bogotá-La Calera, fue enfática en señalar los impactos negativos de esta conducta: “La disposición de residuos que se ha realizado recientemente y las que antiguamente se han adelantado en el mismo predio ocasionan daños sobre los componentes suelo, aire, agua y paisaje. Estas conductas han generado la pérdida de suelo orgánico por el enterramiento de residuos y por la contaminación con elementos que generan cambios topográficos, además de la alteración de los drenajes naturales y emisión de material particulado”.

La medida impuesta les exige a los responsables del predio retirar todos los residuos y llevarlos a un sitio de disposición final debidamente registrado ante la autoridad ambiental competente. La CAR continuará haciendo seguimiento para garantizar el cumplimiento de esta orden, y no se descartan acciones sancionatorias adicionales.

A la luz de estos casos, los expertos dicen que Bogotá enfrenta una crisis de corresponsabilidad ciudadana frente al espacio público y el manejo de residuos. Mientras las autoridades hacen su parte, muchos ciudadanos siguen actuando con negligencia, desinterés o, incluso, desprecio por la ciudad que habitan.

Las instituciones hacen un llamado urgente para que los ciudadanos cuiden Bogotá; es un compromiso, pues explican que cada acción, cada decisión y cada comportamiento cuentan. “No basta con limpiar si otros ensucian. No basta con sancionar si otros repiten. Es necesario construir una cultura de respeto por el entorno, por la norma y por la comunidad”, dijo Consuelo Ordóñez, directora de la Uaesp.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

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