¿Quién es la magistrada que tiene en vilo al Partido Liberal?

En el Consejo Nacional Electoral están estudiando un documento que podría afectar al Partido Liberal de cara a las elecciones regionales de octubre de este año. Como lo reveló la Unidad Investigativa de este diario, se trata de una ponencia presentada por la magistrada Fabiola Márquez Grisales, quien es la directora del CNE.

El texto señala que el Partido Liberal, presidido por el expresidente César Gaviria, estaría violando normas constitucionales. ¿Por qué? Según la ponencia, un asesor del CNE verificó que la convención, congreso o asamblea nacional de la colectividad debió realizarse el 24 de mayo de 2022 y no se hizo. 

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Una fuente cercana a ese partido aseguró que la colectividad “respetará las decisiones que tome el Consejo Nacional Electoral, cabe anotar que las decisiones han sido tomadas en consenso con la clase dirigente liberal”.

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Márquez fue elegida en septiembre del año pasado como directora del CNE y tiene vínculos con Petro, pues llegó a esa corporación avalada por el Pacto Histórico, el movimiento original de la coalición con la que la izquierda obtuvo su primer triunfo presidencial en Colombia. Por esto, fuentes señalan que Márquez es la ficha del Presidente en la corte electoral, conformada por representantes de partidos políticos. 

La magistrada es abogada de la Universidad Santo Tomás; a pública territorial y municipal de la Escuela Superior de istración Pública; magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia (Italia) y tiene una especialización en Gestión Pública, Derechos Humanos y Derecho Procesal.

Nació en Itagüí, Antioquia y según lo registra su perfil en el CNE, tiene "más de 20 años de experiencia profesional en entidades públicas del orden nacional como la Corte Constitucional, el Congreso de la República, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Interior".

Fue asesora de la Alcaldía Mayor y de la Secretaría de Gobierno 2012 -2014; gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad; directora encargada de la Unidad istrativa Especial UAESP en 2015; directora de Defensa Judicial y de Control de Gestión de Aguas de Bogotá, personera local de Chapinero y personera delegada en Derechos Humanos y Asuntos Disciplinarios.

EL TIEMPO conoció dos contratos alojados en la plataforma Secop que dan cuenta del trabajo por el que fue contratada por la Segunda Vicepresidencia de la Cámara de Representantes cuando la presidió el ahora senador del Pacto Histórico Inti Asprilla y posteriormente la también senadora Maria José Pizarro.

Según los contratos alojados en Secop, la ahora presidenta del CNE fue contratada en 2018, "para acompañar y hacer seguimiento del cumplimiento y desarrollo del estatuto de la oposición". 

Ese primer contrato tiene vigencia desde septiembre hasta diciembre de ese año. Entre sus labores estaba “acompañar en la búsqueda de material y jurisprudencia que sea requerido para debates de control político de la Segunda Vicepresidencia de la Cámara”.

El valor del contrato de prestación de servicios profesionales, firmado por 3 meses, fue de 25 millones de pesos. Luego, en marzo de 2019 firmó un nuevo contrato, también con la Segunda Vicepresidencia de la Cámara, con las mismas condiciones y labores, pero esta vez por un poco más de 31 millones de pesos. Ese contrato tenía vigencia hasta julio de 2019.

Este diario, a inicios de este mes, contó en uno de sus secretos la molestia que hay en el liberalismo con el Gobierno, pues creen que se está promoviendo una “toma hostil” del partido, ya que se está pidiendo ante el Consejo Electoral que los liberales deben hacer la convención que elija a un nuevo director o ratifique a Gaviria. Y en el CNE, como se evidencia con la ponencia, ya se avanza en el tema.

REDACCIÓN POLÍTICA