Diversos planes de ordenamiento territorial han propuesto el desarrollo de infraestructura vial y de transporte que está tardando décadas en materializarse. Este ejercicio técnico se ha desarrollado en sucesivas istraciones, resaltando la importancia de estos para la competitividad económica, desarrollo social y ambiental de Bogotá.
Después de un largo proceso de estudios de preinversión, diseños y búsqueda de financiación los proyectos llegan a la fase de ejecución, con la interacción de múltiples autoridades técnicas, financieras y ambientales. Este es el caso de la ampliación de la autopista Norte y la carrera séptima, así como la prolongación de la avenida Boyacá desde la calle 183 hasta la vía Guaymaral.
En el caso del norte de la ciudad, buena parte del desarrollo urbano que está en curso depende de la implementación de estos proyectos. Las pésimas condiciones de movilidad de s del carro y flotas a municipios vecinos, la alta siniestralidad y fragilidad del corredor que sufren cotidianamente más de 100.000 bogotanos se ven ahora agravadas por un aumento de los riesgos ambientales que se repiten con cada vez mayor frecuencia. Cada día que se demoran estas soluciones genera un costo inmenso para Bogotá y su región.
La dificultad que enfrentan estos 2 proyectos tiene que ver con discusiones técnicas y ambientales. Como lo ha planteado la ministra de Transporte, es necesario revisar la manera en la que se incluyen las variables ambientales y de preservación de biodiversidad en las fases tempranas del análisis de alternativas por superar en las fases avanzadas, que está retrasando diversos proyectos fundamentales en todo el país. Sin embargo, es también fundamental incluir nuevas soluciones basadas en la naturaleza que no solo minimizan los impactos ambientales, sino que pueden permitir recomponer ecosistemas.
Existen un corto circuito entre las entidades técnicas a cargo de los macroproyectos y las entidades ambientales y una ausencia de criterios de urgencias en procesos contractuales que generan sobrecostos
Tal como lo dictan los planes de ordenamiento del territorio, se requiere una red de infraestructura resiliente, redundante en términos de consolidar varios corredores viales.
El bloqueo jurídico de la ministra de Ambiente, que dificulta completar la avenida Boyacá, y la falta de diligencia con la que interactúan las entidades ambientales, la ANI y las entidades del Distrito frente al proyecto ya contratado de la ampliación de la autonorte y la carrera séptima generan no solo costos enormes para el desarrollo económico y el ambiente, sino que empiezan a poner en riesgo a la población más vulnerable. En el caso del corredor norte, 20.000 niñas, niños y adolescentes que todos los días deben sufrir un viaje incierto al colegio.
Tal como se pudo evidenciar en el foro ‘Bogotá desconectada, una década de proyectos aplazados’, organizado por EL TIEMPO y las universidades de La Sabana y los Andes, que contó con la amable asistencia del alcalde mayor de Bogotá, el gobernador de Cundinamarca y directores de las entidades nacionales, regionales y distritales a cargo de estos proyectos, existen un corto circuito entre las entidades técnicas a cargo de los macroproyectos y las entidades ambientales y una ausencia de criterios de urgencias en procesos contractuales que terminarán generando sobrecostos, además de seguir aplazando los proyectos fundamentales de Bogotá y su región. Se requiere tener una mesa de diálogo permanente y fechas perentorias.
JUAN PABLO BOCAREJO, PH. D.
Director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes