Cristina Fernández de Kirchner, a prisión: las pruebas que llevaron a la condena en el caso Vialidad

Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por fraude al Estado acusada de haber favorecido al empresario Lázaro Báez a que obtuviera 51 licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz, lo que convirtió a un empleado bancario en el empresario megamillonario dueño de 41 estancias con 600.000 hectáreas en la provincia.

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Las principales evidencias contra la expresidenta fueron enunciadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio oral, que reclamaron una condena por asociación ilícita y fraude. Sin embargo, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu la condenaron únicamente por fraude, con la disidencia de Andrés Basso, que votó por la condena de 12 años por ambos delitos.

Luego, los jueces de la Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña retomaron esas evidencias del fraude, mientras que el juez Gustavo Hornos fue por todo y reclamó la condena por asociación ilícita. Quedó en minoría.

Esa norma modificó un fideicomiso preexistente e incorporó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria. Según el tribunal, el decreto “proveyó una fuente ilimitada de financiamiento al ente vial y le permitió agilizar paulatinamente el proceso de pagos reduciendo la burocracia preexistente”. Es decir, dotó de dinero a Vialidad para hacer las obras, pero en un “contexto de opacidad suficiente para que el General” del organismo dispusiera libremente de esos recursos.

El decreto cambió el statu quo, pues modificó el fideicomiso y permitió que no se especifiquen las obras que serían financiadas con esos fondos e incluyó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria directa del fideicomiso para la ejecución de las rutas.

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Además, Cristina Kirchner facultó a su secretario de Obras Públicas, José López, a hacer modificaciones al fideicomiso, lo que permitió el uso de fondos discrecionalmente.

Eso es lo que permitió que hubiera un perjuicio de al menos 84.000 millones de pesos argentinos para la istración Pública Nacional, dijo Borinsky en su voto. Hubo indicios que demuestran el “conocimiento y la voluntad de realizar la maniobra por la cual fue condenada Cristina Kirchner”, dice la sentencia.

El fiscal Luciani sostuvo que “de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Báez, amigo del entonces presidente de la Nación [Néstor Kirchner] y socio comercial de éste y de su esposa”. La acusación sugiere el rol de Néstor Kirchner tras bambalinas y la continuidad de la maniobra, tras su muerte, cuando ya Cristina Kirchner controlaba el poder.

“En simultáneo con la asunción presidencial de Néstor Kirchner, se creó la empresa Austral Construcciones, liderada por Báez, quien en ese entonces no solo no tenía ninguna empresa registrada a su nombre sino que tampoco tenía ninguna experiencia en el rubro vial. Fíjense: su anterior trabajo conocido había sido el de empleado bancario, aportaba a la AFIP como monotributista. Eso era Lázaro Báez en el año 2003”, aseveró Luciani.

Los jueces entendieron que el dinero que embolsó Báez con esta maniobra fue en parte redireccionado a los Kirchner, mediante lo que se investiga en la causa Hotesur, aún pendiente de juicio. Parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta”, dijeron los jueces.

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Los chats encontrados en el teléfono de López revelan la “connivencia en el tramo final de la maniobra” para darle impunidad a todo el fraude, consideraron.

En esos mensajes, López conversaba con Lázaro Báez y su mano derecha, Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones. Surgió de ese teléfono la existencia de reuniones entre López y Cristina Kirchner vinculadas a la “intervención directa” de la expresidenta en la parte final de la maniobra (noviembre y diciembre de 2015, luego de la victoria en el balotaje de Mauricio Macri).

Allí, Cristina Kirchner coordinó con López y Báez el “plan limpiar todo”, que consistió en el cierre de las empresas de Báez, el despido de los trabajadores y asegurarse de que el empresario cobrara todo lo que tenía pendiente del Estado.

“Esos mensajes permiten dilucidar cómo fueron los últimos días del Gobierno de Cristina Fernández y cómo, desde la Residencia de Olivos y la provincia de Santa Cruz, coordinaron los últimos pagos de certificados [de obras] que se le debían a Lázaro Báez y los despidos de los empleados de Lázaro Báez. Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner. Nos sorprendió que esto nunca hubiera salido a la luz. Analizamos 26.000 mensajes. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono de las obras fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández”, afirmó Luciani.

En esos mensajes se hace alusión a reuniones de López con Cristina Kirchner en Olivos y de la entonces mandataria con Báez, en Santa Cruz. Mola mostró también mensajes entre López y su segundo, Abel Fatala, donde se referían a “la jefa” o “la Pta.”, en alusión a Cristina Kirchner.

“No es verosímil que Cristina no se enterara de nada”, argumentó el fiscal. También mostraron mensajes entre López y Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones, para coordinar el cierre de las empresas.

Después de las elecciones presidenciales de 2015, en las que Mauricio Macri fue elegido presidente, Austral Construcciones se preocupó por cobrar todos los certificados de obra y despedir a todos los trabajadores y desarmar las empresas. Báez cobró entonces 537 millones de pesos por obras que no concluyó.

Se mostraron rutas sin terminar, pavimentadas por tramos, con maniobras para ofertar empresas del mismo grupo Austral y asegurarse los contratos. La cartelización de la obra pública permitió que el Estado nacional debiera pagar a Báez importes que superaban los presupuestos oficiales de las obras, ya que “no existía competencia real” entre las compañías constructoras.

Los fiscales sostuvieron que estas maniobras ilegales se produjeron a través de López, recordado por haber intentado esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento.

Para los jueces de Casación, la entonces presidenta se involucró para que Báez cobrara los fondos que se le adeudaban antes de dejar el Gobierno. Eso tenía una razón y era que el empresario era su socio comercial, indicaron. Mientras que Báez cobraba por las obras públicas, parte de esos fondos iban a negocios de la familiar Kirchner, lo que es materia del caso Hotesur.

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Luciani argumentó también que los Kirchner duplicaron en la Nación el esquema construido en la provincia para la gestión de la obra pública.