Llegan las primeras denuncias por prevaricato contra los ministros que firmaron 'decretazo' de la consulta popular

Horas después de la firma del ‘decretazo’, llegó la primera denuncia a la Fiscalía por prevaricato contra los ministros que estamparon su nombre en la convocatoria, pese al ‘no’ del Senado. La senadora del Centro Democrático pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo investigar la supuesta extralimitación del Ejecutivo que se ‘saltó’ la decisión del Congreso.

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Desde la semana pasada, algunos ministros del ala menos radical del petrismo venían consultando con sus juristas de confianza sobre los riesgos de firmar el decreto de la consulta popular –que finalmente se anunció este miércoles 11 de junio–, pues el Presidente ya les había advertido: “el que no firme, se va”.

Una de las primeras denuncias fue radicada por la senadora Paloma Valencia, quien pidió, además de investigar a los altos funcionarios que avalaron el decreto, "ejercer la excepción de inconstitucionalidad frente al Decreto 639 de 2025, por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones", ya que este implicaría una violación flagrante al artículo 104 de la Constitución.

Varios juristas coinciden con esta hipótesis. Para el penalista Iván Cancino, el mecanismo solo puede ser decretado por el jefe de Estado –con la firma de todos los ministros– si el Congreso no ha tramitado la solicitud. Pero “ya se votó, y la decisión quedó formalmente en firme. Recientemente salió un fallo de tutela que le pidió al presidente del Senado responder una apelación de la congresista María José Pizarro. Cepeda explicó que ya se le dio trámite y que fue negada, por lo tanto, es un hecho cumplido”.

Con base en estos hechos, Cancino sostiene que no caben interpretaciones jurídicas: “No hay la más mínima posibilidad de que el Presidente, en este momento, pueda convocar la consulta por decreto. Si lo hace, y los ministros la firman, ya tan advertidos como han estado, estarían rayando el Código Penal y la ley disciplinaria”, advierte.

El prevaricato aplica a los servidores públicos que profieren una resolución arbitraria, a sabiendas de que es contraria a la ley.

Cancino asegura que en esta conducta punible también podría incurrir el registrador nacional, Hernán Penagos, si le da validez al decreto.

“Ahora, si el Consejo de Estado o una tutela concluyen que el Congreso no cumplió con los trámites de votación (no de apelación), entonces tendrán que volver a votar. Pero eso tampoco legitima convocar una consulta popular por decreto”, agrega.

Efraín Cepeda, presidente del Senado; el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, y otros congresistas y líderes políticos también habían anunciado una demanda, incluso antes de que se firmara el decreto.

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Con estas primeras acciones arranca una batalla jurídica en la que las altas cortes tendrán que dirimir tanto la legalidad de la votación del Senado del pasado 14 de mayo –cuando se hundió la consulta– como la constitucionalidad del polémico decreto presidencial: el 0639 de 2025. En este, el Gobierno argumenta una supuesta “excepción de inconstitucionalidad” para desconocer la decisión del Congreso y proceder con el llamado a las urnas, que, según el documento, sería para el próximo 7 de agosto, día de la Batalla de Boyacá.

La responsabilidad ahora recae sobre el Registrador, quien debe decidir si acata la convocatoria hecha por el Presidente –que no cumple lo ordenado por el artículo 104 de la Constitución– o si se atiene al concepto negativo del Senado, que quedó oficializado en el acta de Secretaría y también le fue remitido.