La alerta de conocidas ONG sobre el peligro de una consulta popular vía 'decretazo' como lo hizo el Gobierno Petro

A las voces de juristas, académicos y políticos sobre las graves consecuencias que podría traerle al país la decisión del presidente Gustavo Petro de firmar un 'decretazo' para convocar a una consulta popular, se sumaron 24 organizaciones sociales de diversos espectros políticos que le solicitaron no avanzar en ella, debido a que es un trámite inconstitucional y afecta la separación de poderes.

El pedido se conoció en un día agitado en el calendario político, pues en el Senado se discute, en cuarto debate, la reforma laboral; y porque el primer mandatario ya llegó a Cali, Valle, donde anunció vía X que firmó el polémico decreto. La orden a sus ministros fue que si no ponían su nombre, se iban del gabinete, algo que ha generado serios cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

Organizaciones como Dejusticia, Pares, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Todos por Medellín, Temblores y la Fundación para el Estado de Derecho expidieron un comunicado conjunto para resaltar que si bien están de acuerdo en que se avance en reformas sociales en favor de los trabajadores, están preocupadas con la idea del presidente Petro de una consulta por 'decretazo'.

"Todas estas organizaciones tienen un espectro político bastante amplio, y están preocupadas por la situación del país y por lo que viene ocurriendo recientemente. Vemos que este posible decreto, si lo firma el Presidente, tiene una base de ilegalidad porque ya pasó por el Congreso y dijo no. En ese orden de ideas, consideramos que esto va mermando nuestra democracia, que de por sí es bien débil", le comentó a este diario Piedad Restrepo, directora de la veeduría Todos por Medellín.

La consulta popular contiene 12 preguntas relacionadas a derechos laborales, y fue hundida por 49 votos contra 47 en la plenaria del Senado del 14 de mayo pasado. Alegando que hubo irregularidades en el cierre de la votación y el levantamiento de la sesión, Petro y su ministro Armando Benedetti han insistido en que el artículo 33c de la Ley 1757 les da la potestad de convocarla vía decreto. 

Frente a eso es que se pronunciaron las organizaciones, advirtiendo que con esto, Petro estaría violentando la Constitución y la separación de poderes: "Las posibles irregularidades en la negativa del Senado a convocar la consulta deben ser resueltas por los jueces competentes, y no por el Presidente. Las reglas del procedimiento legislativo y los controles mutuos que ejercen las distintas ramas del poder público pueden parecer simples formalidades. Contrario a eso, su importancia es central para evitar que un régimen presidencial se convierta en un régimen autoritario".

David Llinás Alfaro, coordinador de Incidencia Nacional de la CCCJ, le dijo a este diario que para que el Presidente pueda llamar a una consulta, "debe haber una aprobación del Senado mediante un concepto", que en este caso no se expidió. Esa postura también la comparte Piedad Restrepo, de Todos por Medellín, quien recalcó que el Gobierno no puede suplantar las funciones de otra rama del poder.

Al hacer una revisión a los soportes legales, según el integrante de la CCJ ni en la Ley 124 de 1994 ni en la Ley 1757 de 2015 está establecido que un jefe de Gobierno tiene la posibilidad de convocar sin un concepto previo, pero otra postura tiene Petro, que a través de su cuenta en X resaltó que el artículo 33C de la 1757 de 2015 le da la posibilidad de hacerlo, ya que -a su criterio- si ha pasado un mes una vez presentada la consulta, y no se ha resuelto en el Senado, se puede convocar vía decreto presidencial. 

Gustavo Petro y senadoras como María José Pizarro también se han aferrado a la tesis de que el resultado 49 a 47 con el que no se aprobó la consulta, está viciado de irregularidades porque se levantó la sesión faltando unos cuantos congresistas por votar. Y que eso les da vía libre para el famoso 'decretazo'. 

Al respecto, Llinás señaló que "pese a cualquier interpretación que hagan Petro y el Ministro del Interior de estas, no pueden convocar a consulta sin el aval del Legislativo". 

Según la directora de Todos por Medellín, con lo hecho este miércoles por el primer mandatario puede haber consecuencias legales para él y el resto de del gabinete. Ese aspecto fue abordado en un foro del martes organizado por la Universidad Externado, en el que juristas como Ramiro Bejarano señalaron que Petro y sus ministros se expusieron a cometer un prevaricato.

Las 24 organizaciones manifestaron que en el debate de la consulta popular hubo prácticas indeseables por parte del Congreso. Para Piedad Restrepo, se trató de artimañas que fueron cuestionadas, como el freno a que se hiciera un debate profundo sobre las 12 preguntas que contiene la iniciativa gubernamental.

Eso fue llamado por Llinás como "una serie de actividades no éticas en la plenaria del Senado, que se espera no vuelvan a hacerse". Es por eso que elevaron varios pedidos en esa línea. "Al Congreso, para que cuando se den esas decisiones trascendentales, den un trámite de acuerdo con la Constitución. Se le pide que no utilicen artimañas para tomar decisiones que puedan ser cuestionadas, que las reformas se debatan en democracia", dijo la vocera de Todos por Medellín, quien añadió que esas irregularidades le dieron pie al Ejecutivo para deslegitimar al Congreso.

Sin embargo, el mensaje que Restrepo considera más potente no es el mensaje al Presidente, sino a las otras ramas del poder. "Se hace un llamado a la cordura, la sensatez y al respeto de cada una de ellas".

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]