La revolución judicial que comenzó hace 30 años

La creación de un organismo investigador de delitos, de uno encargado de velar por el respeto de los derechos humanos, de la Corte que vigila la integridad de la carta política y de un mecanismo que acercó una justicia ágil al ciudadano son algunos de los hitos en materia judicial que hace 30 años introdujo la Constitución Política al país.

En opinión de Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, los beneficios en esta materia son amplios, comenzando por la creación de la Fiscalía, “que ha profesionalizado la lucha contra el delito, el crimen organizado y contra el narcotráfico”, según dijo.

El ente acusador comenzó a operar el 1.º de julio de 1992 y en la actualidad recibe anualmente más de un millón de noticias criminales, entre denuncias, querellas, actos urgentes, y otros.

Por ejemplo, en 2019 llegaron al ente acusador 1’452.653 noticias criminales; en comparación, ese mismo año se evacuaron 1’238.124. Y desde el 2005, año en que comenzó a operar el Sistema Penal Oral Acusatorio, hasta el 1.º de julio de 2021, por la Fiscalía han pasado 13’637.672 casos.

Alfonso Valdivieso, exfiscal general de la Nación, consideró que el cambio más importante que introdujo la carta política en este punto fue la especialización de funcionarios en la investigación, “lo cual permite una actuación mucho más efectiva de los jueces en la definición de las responsabilidades de quienes cometen delitos”.

Otra modificación importante con la creación de la Fiscalía fue la separación de funciones entre quien investiga y quien juzga. Anteriormente, un juez de instrucción criminal era quien investigaba a las personas, quien determinaba capturas, allanamientos, sin que mediara el concepto de otra instancia. Con la llegada de la Fiscalía, esas funciones se separaron, ahora quien investiga y quien juzga están separados.

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“Creo que la Fiscalía marcó un hito importante, al reemplazar el sistema de los jueces de instrucción criminal y acoger un sistema de tendencia acusatoria en materia penal.

Eso permitió tecnificar el papel de la Policía Judicial, un trabajo más armónico de los fiscales, y creo que ese sistema permitió rodear de mayores garantías para todos los sujetos del proceso penal”, opinó el expresidente de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño.

Aunque la creación del ente acusador representó, sin duda, un avance en materia de investigación penal, 30 años después persisten deficiencias.

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El exvicefiscal general Francisco José Sintura destacó que la Fiscalía surgió para tres cosas: modernizar el modelo de investigación criminal, reducir la mora judicial y separar la función de investigación de la de juzgamiento.

“Solo el último de los tres se cumplió, pero los otros dos propósitos, de modernizar la investigación y reducir el atraso judicial, no se han logrado porque han existido una falta de gerencia en la investigación y un atraso en el sistema de realización de las audiencias. El 63 por ciento de las audiencias que se citan no se realizan y hay una congestión de cerca de 3 millones de investigaciones atrapadas entre el CTI de Fiscalía y la Dijín de Policía. El gran cuello de botella está en la investigación”, dijo.

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Y el penalista Camilo Burbano añadió que en la Fiscalía “hay deudas históricas: congestión judicial y demoras; también, la Fiscalía se ha venido politizando innecesariamente”.

Pero, más allá de la Fiscalía, otras instituciones novedosas que llegaron hace 30 años fueron la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional.

La Corte nació como institución a la cabeza del sistema jurídico de protección de los derechos; la Defensoría, como la institución especializada en la promoción, protección y divulgación de los mismos, explicó el exmagistrado Córdoba.

“Como la Constitución estableció un nuevo orden jurídico en cuyo centro están la persona humana y sus derechos inherentes e inalienables, el constituyente previó que la nueva concepción debía ir acompañada de instituciones que pudieran desarrollar ese propósito.

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Creo que las dos instituciones, Corte y Defensoría, han cumplido un papel extraordinario; creo que los ciudadanos, sobre todo los sujetos en los grupos más vulnerables, se han visto beneficiados de una protección efectiva”, expuso.

En esa protección de los derechos, quizás la tutela sea la novedad que trajo la Constitución que más impacto ha tenido en la vida de los ciudadanos.

Desde 1992 hasta abril de 2021, según estadísticas de la Corte Constitucional, se han presentado 8’179.094 de estos recursos. En los últimos años, el promedio anual de tutelas que llegan a la Corte no baja de 600.000, pero hubo un descenso en 2020, posiblemente ligado a la pandemia, y ese año solo llegaron 256.313 de estos recursos. Este año, hasta abril, ya habían llegado 149.098 tutelas.

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Para María Adelaida Ceballos, candidata a doctora en Derecho de la Universidad de McGill, pese a que la tutela tiene algunos problemas, “se ha vuelto una herramienta crucial de defensa de los derechos para los ciudadanos en su vida cotidiana”. Añadió que como este recurso se puede interponer sin abogado y sin muchas formalidades, también “quita el monopolio a la profesión jurídica, que a veces se convierte en una barrera para el a la justicia”.

Entre esos problemas puede destacarse que las órdenes de los jueces no siempre se cumplen. Por ejemplo, cifras de 2019 del Consejo Superior de la Judicatura señalan que ese año, en el 66 por ciento de los casos en que un juez concedió una tutela tuvo que iniciar después un incidente de desacato porque se incumplió su fallo.

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